El libro Adiós a la universidad. El eclipse de las Humanidades (Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2011), del que es autor Jordi Llovet, hasta no hace mucho catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Barcelona, es una mezcla de memorias y reflexión sobre el estado de la universidad española escrito al tiempo en que el autor decidió retirarse de la vida académica. El capítulo sexto lleva por título “Investigar y publicar”; en él hace un repaso de sus propias obras y de las exigencias profesionales y ambiente editorial en que se mueven los universitarios españoles; se reproduce aquí un fragmento (pp. 171-175, del que se han eliminado las notas a pie de página) que alude, en su parte final, a los servicios de publicaciones universitarios.
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También los procedimientos de las comisiones académicas creadas ad hoc y los de las agencias de “evaluación de la calidad universitaria” –ya sean las de ámbito estatal, ya sean las autonómicas– han acarreado consecuencias penosas para la docencia. Desde hace un par de decenios, estas agencias han establecido como criterio prácticamente único para otorgar los llamados “pluses autonómicos” –pequeñas cantidades, ridículas en Cataluña, más substanciales en el País Vasco o en Murcia, por ejemplo, que reciben los profesores numerarios de acuerdo con el nivel de vida del lugar en el que residen e imparten docencia–, también para alcanzar los llamados “tramos de investigación” –que cada seis años permiten a los profesores obtener un aumento algo más significativo de su sueldo–, y, algo más inquietante, últimamente para la promoción de los profesores al funcionariado.
Ante la imposibilidad de desplazar a jueces e inspectores a todas y cada una de las aulas –para comprobar in situ la categoría de un profesor– esas agencias y comisiones “a distancia” –“teleagencias”, pues– se han convertido prácticamente en la única garantía que posee un profesor para alcanzar una u otra, o varias, de las prebendas aludidas. Para ello se requiere al profesor, periódicamente para que envíe a dichas agencias y comisiones un listado con las publicaciones que ha realizado a lo largo del último año o período de varios años.
Como el único modo de obtener esas mínimas ventajas, básicamente económicas, consiste en responder a unos formularios que llegan siempre con enorme puntualidad, los profesores se han visto obligados, de unas décadas para acá, a llenarlos y referir la serie de artículos, libros u otras publicaciones que hayan generado a lo largo de período correspondiente. A ningún profesor se le ha requerido jamás que añada, a esos formularios, fotocopias de los artículos o ejemplares de los libros publicados, salvo en algunos casos, exiguos, de reclamación.
A consecuencia de este sistema de evaluación, los profesores se han obsesionado en generar la mayor cantidad de artículos y de libros posible, siempre en el bien entendido de que es suficiente mencionar los títulos de estas publicaciones y nada más. A este respecto, por lo que se refiere a los artículos publicados en revistas, las agencias y comisiones disponen de una lista de la supuesta solvencia de las publicaciones periódicas del mundo entero, de modo que siempre se puntuará con mejor calificación un artículo investigador publicado en The Lancet por un profesor de Medicina, pongamos por caso, que un artículo publicado por un profesor de Letras, valga el ejemplo, en una revista de ámbito comarcal. El primero de los artículos puede consistir en un plagio (ha sucedido incluso en aquella prestigiosa revista) y el segundo en un descubrimiento arqueológico o filológico de primer orden; pero el registro de las revistas obedece a un criterio de “solvencia científica” que se fijó hace años de una vez por todas, de modo que es difícil escapar a la lógica perversa que prima una publicación adocenada en una de las revistas situadas en lo más alto del ranking, por encima de cualquier aportación original publicada en una revista considerada de tercera categoría: lo que importa no es que tal o cual artículo sea encomiable, intelectualmente sólido o bien escrito, sino que el autor haya conseguido publicarlo en una revista supuestamente superior a las demás.
Con las publicaciones en forma de libro sucede, si ello es posible, algo peor. En este caso no se establece ninguna diferencia acerca del sello editorial encargado de la publicación y mucho menos acerca de la solvencia intangible de la misma; lo que importa es que el libro exista: es decir, que haya una serie indefinida de hojas encuadernadas, firmadas por el solicitante, editadas bajo la rúbrica de una editorial determinada, con un ISBN patente, y que se trate, en el mejor de los casos, de un trabajo original. Como sucede en tantos otros ámbitos de la vida universitaria, lo que aprecian las agencias de evaluación no es la calidad de lo que se ha escrito –aunque la voz “calidad” aparece en las variadas denominaciones de estas agencias–, sino el mero hecho de que una publicación exista.
De acuerdo con este procedimiento, y salvo las excepciones de rigor, los profesores son capaces de escribir cualquier cosa –que ni tiene valor por sí misma, ni denota esfuerzo intelectual alguno, ni será, posiblemente, leída por nadie– para poder presentar, en los plazos convenientes, el mero “listado” a que hemos hecho referencia. Esto es grave en términos generales, pero lo es mucho más en los campos de las Ciencias Sociales y las Humanidades, pues, en estos, la aglomeración o concatenación de frases no es una tarea que requiera de sus respectivos redactores un gran esfuerzo; y muchas de las afirmaciones que uno puede llegar a escribir en esos campos son, también en virtud de la laxitud y la ambigüedad del discurso humanístico –otra cosa sería el rigurosamente filológico–, de imposible discusión y de una valoración muy relativa. Encima, profesores que han dedicado lustros o decenios a traducir grandes obras del legado griego, latino, chino, ruso o polaco, por ejemplo, editándolas con pulcritud, tienen que ver, con el grado de humillación que esto comporta para un amante de las Letras, cómo estas publicaciones no entran en ningún baremo por el mero hecho de que, según se supone, una traducción no tiene nada de original.
Así los catálogos editoriales se han llenado –muy en especial los de los servicios de publicaciones de las universidades– de libros completamente prescindibles, a menudo muy mal escritos. Como Don Quijote le dice a Sancho en el episodio de la Cueva de Montesinos, refiriéndose a quien se dice que ha escrito la continuación del De inventoribus rerum, de “Virgilio Polidoro”: “Hay algunos que se cansan en saber y averiguar cosas que, después de sabidas y averiguadas, no importan un ardite al entendimiento ni a la memoria”. Como esta es la lógica imperante, tampoco debe sorprender que las colecciones de libros universitarios anden llenas de sesudas tesis doctorales que ningún editor del país se atrevería a publicar –algunas buenas, otras del todo innecesarias, cuando no rocambolescas–, de modo que cuesta encontrar, en el actual panorama de las universidades españolas, algún servicio de publicaciones con un catálogo editorial solvente: las publicaciones de las universidades de Salamanca, Valencia o Málaga, por ejemplo, constituyen una excepción, digna de ser anotada en este libro.
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También los procedimientos de las comisiones académicas creadas ad hoc y los de las agencias de “evaluación de la calidad universitaria” –ya sean las de ámbito estatal, ya sean las autonómicas– han acarreado consecuencias penosas para la docencia. Desde hace un par de decenios, estas agencias han establecido como criterio prácticamente único para otorgar los llamados “pluses autonómicos” –pequeñas cantidades, ridículas en Cataluña, más substanciales en el País Vasco o en Murcia, por ejemplo, que reciben los profesores numerarios de acuerdo con el nivel de vida del lugar en el que residen e imparten docencia–, también para alcanzar los llamados “tramos de investigación” –que cada seis años permiten a los profesores obtener un aumento algo más significativo de su sueldo–, y, algo más inquietante, últimamente para la promoción de los profesores al funcionariado.
Ante la imposibilidad de desplazar a jueces e inspectores a todas y cada una de las aulas –para comprobar in situ la categoría de un profesor– esas agencias y comisiones “a distancia” –“teleagencias”, pues– se han convertido prácticamente en la única garantía que posee un profesor para alcanzar una u otra, o varias, de las prebendas aludidas. Para ello se requiere al profesor, periódicamente para que envíe a dichas agencias y comisiones un listado con las publicaciones que ha realizado a lo largo del último año o período de varios años.
Como el único modo de obtener esas mínimas ventajas, básicamente económicas, consiste en responder a unos formularios que llegan siempre con enorme puntualidad, los profesores se han visto obligados, de unas décadas para acá, a llenarlos y referir la serie de artículos, libros u otras publicaciones que hayan generado a lo largo de período correspondiente. A ningún profesor se le ha requerido jamás que añada, a esos formularios, fotocopias de los artículos o ejemplares de los libros publicados, salvo en algunos casos, exiguos, de reclamación.
A consecuencia de este sistema de evaluación, los profesores se han obsesionado en generar la mayor cantidad de artículos y de libros posible, siempre en el bien entendido de que es suficiente mencionar los títulos de estas publicaciones y nada más. A este respecto, por lo que se refiere a los artículos publicados en revistas, las agencias y comisiones disponen de una lista de la supuesta solvencia de las publicaciones periódicas del mundo entero, de modo que siempre se puntuará con mejor calificación un artículo investigador publicado en The Lancet por un profesor de Medicina, pongamos por caso, que un artículo publicado por un profesor de Letras, valga el ejemplo, en una revista de ámbito comarcal. El primero de los artículos puede consistir en un plagio (ha sucedido incluso en aquella prestigiosa revista) y el segundo en un descubrimiento arqueológico o filológico de primer orden; pero el registro de las revistas obedece a un criterio de “solvencia científica” que se fijó hace años de una vez por todas, de modo que es difícil escapar a la lógica perversa que prima una publicación adocenada en una de las revistas situadas en lo más alto del ranking, por encima de cualquier aportación original publicada en una revista considerada de tercera categoría: lo que importa no es que tal o cual artículo sea encomiable, intelectualmente sólido o bien escrito, sino que el autor haya conseguido publicarlo en una revista supuestamente superior a las demás.
Con las publicaciones en forma de libro sucede, si ello es posible, algo peor. En este caso no se establece ninguna diferencia acerca del sello editorial encargado de la publicación y mucho menos acerca de la solvencia intangible de la misma; lo que importa es que el libro exista: es decir, que haya una serie indefinida de hojas encuadernadas, firmadas por el solicitante, editadas bajo la rúbrica de una editorial determinada, con un ISBN patente, y que se trate, en el mejor de los casos, de un trabajo original. Como sucede en tantos otros ámbitos de la vida universitaria, lo que aprecian las agencias de evaluación no es la calidad de lo que se ha escrito –aunque la voz “calidad” aparece en las variadas denominaciones de estas agencias–, sino el mero hecho de que una publicación exista.
De acuerdo con este procedimiento, y salvo las excepciones de rigor, los profesores son capaces de escribir cualquier cosa –que ni tiene valor por sí misma, ni denota esfuerzo intelectual alguno, ni será, posiblemente, leída por nadie– para poder presentar, en los plazos convenientes, el mero “listado” a que hemos hecho referencia. Esto es grave en términos generales, pero lo es mucho más en los campos de las Ciencias Sociales y las Humanidades, pues, en estos, la aglomeración o concatenación de frases no es una tarea que requiera de sus respectivos redactores un gran esfuerzo; y muchas de las afirmaciones que uno puede llegar a escribir en esos campos son, también en virtud de la laxitud y la ambigüedad del discurso humanístico –otra cosa sería el rigurosamente filológico–, de imposible discusión y de una valoración muy relativa. Encima, profesores que han dedicado lustros o decenios a traducir grandes obras del legado griego, latino, chino, ruso o polaco, por ejemplo, editándolas con pulcritud, tienen que ver, con el grado de humillación que esto comporta para un amante de las Letras, cómo estas publicaciones no entran en ningún baremo por el mero hecho de que, según se supone, una traducción no tiene nada de original.
Así los catálogos editoriales se han llenado –muy en especial los de los servicios de publicaciones de las universidades– de libros completamente prescindibles, a menudo muy mal escritos. Como Don Quijote le dice a Sancho en el episodio de la Cueva de Montesinos, refiriéndose a quien se dice que ha escrito la continuación del De inventoribus rerum, de “Virgilio Polidoro”: “Hay algunos que se cansan en saber y averiguar cosas que, después de sabidas y averiguadas, no importan un ardite al entendimiento ni a la memoria”. Como esta es la lógica imperante, tampoco debe sorprender que las colecciones de libros universitarios anden llenas de sesudas tesis doctorales que ningún editor del país se atrevería a publicar –algunas buenas, otras del todo innecesarias, cuando no rocambolescas–, de modo que cuesta encontrar, en el actual panorama de las universidades españolas, algún servicio de publicaciones con un catálogo editorial solvente: las publicaciones de las universidades de Salamanca, Valencia o Málaga, por ejemplo, constituyen una excepción, digna de ser anotada en este libro.
