Un editorial de El País del jueves 19 de marzo hablaba de cómo hay sectores que están aguantando bien la crisis, entre ellos el del libro. Aprovechaba las estadísticas del INE para comentar los casi 76.000 títulos aparecidos el año pasado, según esa estadística un 20% más que el año pasado. Aunque las tiradas se habían reducido, como pasa cada año, comentaba que "consta que las cifras se ven engordadas por la aparición de pequeñas editoriales que sacan dos o tres libros al año, y por las publicaciones a mayor gloria de los padres de la patria editadas por los ministerios, diputaciones y otras instituciones públicas". Y decía luego otras cosas. El mismo día, Publico casualmente también dedicaba otro editorial (¡qué día! No te hacen caso nunca y de repente dos tarjetas rojas) comentando "lo que gastan las imprentas del poder", en esta ocasión al hilo de la presencia en los Presupuestos Generales del Estado de la partida que allí está cada año destinada al gasto en publicaciones oficiales: 24,2 millones de euros. Y añade que "ese gasto podría haber sido mayor si la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega no hubiese tomado cartas en el asunto y eliminado la edición de memorias y obras análogas, que mantedrán la consideración de documentos internos. También ha pedido a los subsecretarios y directores generales que se coordinen y eviten las duplicidades de obras".

Supongo que ambos editorialistas terminaron sus faenas y se fueron a casa con el deber cumplido, sin alcanzar a ver más allá de sus narices. No salimos nunca de los tópicos ni en asuntos como éste entramos a realizar verdaderos análisis. Faltó que dijeran que ministerios, diputaciones y demás instituciones no saben distribuir y que los ejemplare se pudren en los almacenes, que los libros que se editan son inútiles y no los lee nadie y que ese dinero mejor se podría haber empleado en [póngase aquí cualquier ocurrencia].

Me cansa defender la edición pública. Me gustaría que alguien alguna vez se detuviera a comprobar un catálogo de esos que denigran y dijeran si los ciudadanos de tal provincia no tiene derecho a tener a su disposición libros sobre su entorno más cercano. O una universidad no diera cauce a la investigación de sus profesores. O una fundación no pusiera en páginas el objeto de su existencia. O los ministerios: hace años que todo eso que dice Público ya se viene haciendo, hay un control riguroso de cada título publicado, de su tirada, de su destino... No sobra ni un ejemplar en sus almacenes. Los ministerios están a a la vanguardia de la reconversión de sus nuevos títulos a formato digital. Un 50% este año ya aparecen exclusivamente en esa nueva modalidad, sin papel.

Tal vez deberían todos, ministerios, diputaciones e instituciones, dejar de publicar de una vez por todas. Ni un solo libro. Seguramente los mismos editorialistas hablarían entonces de la dejadez de los ministerios y demás, de la falta de atención hacia los ciudadanos a los que no les ofrecen la documentación que necesitan.

Claro que siempre los podrían editar, como algunos piden, empreas privadas. Con dinero público, por supuesto.